Causa repulsa el modo
en que la clase político-empresarial se articula, de manera transversal, para
consagrar la impunidad
El sobreseimiento del ex ministro y ex senador, Carlos
Ominami Pascual, en razón de la prescripción de los delitos tributarios de los
que se le acusa, junto a Patricio Contesse - Gerente de SQM, la empresa del ex
yerno del dictador Pinochet- provoca un profundo rechazo en la ciudadanía, pues esta pésima señal de impunidad, que se da
con este fallo a los actos de corrupción, conocidos en los últimos meses, dejan
en evidencia, que está en marcha la
operación destinada a tapar los escándalos de financiamiento delictual de la
política, que Chile ha conocido.
El papel que ha jugado en esto el Servicio de Impuestos
Internos, inhibiéndose de manera vergonzosa de su rol persecutor de los delitos
tributarios, es la clave en el resultado de esta investigación, pues al
presentar fuera de plazo las acciones judiciales en contra del imputado Ominami
Pascual, abrió las posibilidades para dejar estos delitos en la impunidad, esta
actuación cómplice y negligente del SII, en un país decente, debiera significar la salida inmediata de su
director y su jefe jurídico, al menos.
La necesidad que este servicio presente, de una vez. las
querellas que correspondan, para así posibilitar la acción de la justicias, es
una demanda que los actores políticos y sociales, no comprometidos, con este
modelo de corrupción deben levantar con fuerza, a la vez que desarrollar una
campaña tendiente a recuperar esta repartición pública y alejarla de las malas
prácticas en la que se encuentra sumida, demoliendo su prestigio y sembrando la
duda sobre su fundamental rol en las finanzas del país, en este sentido es
lamentable el silencio que han mantenido, a este respecto, las organizaciones de los trabajadores al
interior del SII, frente a una gestión que a la larga repercutirá en ellos
mismos.
Causa repulsa el modo en que la clase político-empresarial se
articula, de manera transversal, para consagrar la impunidad, lo demuestran las
operaciones en curso, como la polémica indicación, patrocinada por el ejecutivo
con la participación de las jefaturas del Ministerio Público y senadores del
duopolio político, sobre filtraciones judiciales, que de aplicarse podría implicar
cárcel hasta para las víctimas y también las declaraciones del Fiscal Nacional
anticipando, a través de la prensa, criterios
exculpatorios para los involucrados en los sonados casos de corrupción basado
en eufemismos como el cuidado de las instituciones, a esto se suman, los denodados esfuerzos, que desde el poder
ejecutivo y el parlamento se realizan,
por criminalizar la protesta social y de los trabajadores y legalizar la
persecución a las y los chilenos a través de la llamada ley corta anti delincuencia
y la reforma laboral que incorpora la aberración jurídica de la “huelga
pacífica”, todo esto pensado para conculcar el legítimo derecho del pueblo a
manifestarse en contra de un modelo que, cada día queda más claro, debe
cambiarse de raíz.
El escenario de impunidad que pretende instalarse obliga a
los sectores populares a redoblar sus esfuerzos por avanzar en más
organización, más unidad y más lucha para salirle al paso a quienes quieren
mantener el actual estado de cosas, la necesidad de una nueva Constitución
emanada del pueblo está cada vez más clara y es de esperar que pronto los
distintos esfuerzos que se articulan desde variados espacios para colaborar en la construcción, al más
breve plazo, de una alternativa político, social y popular, cuyos objetivos
sean, entre otros, terminar con la
corrupción y la impunidad, den más temprano que tarde los frutos esperados.
Equipo SICNoticias.
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